CARTA DE PEDRO VARELA.

Agradezco a todos las muchas cartas, los mensajes de solidaridad
 y la ayuda y visitas constantes. Vuestro trabajo a favor
de la libertad de expresión y de información no será en vano.




No debéis preocuparos por mí, aquí estoy bien “protegido”,
la comida es más que suficiente, aunque pueda resultar monótona,
los funcionarios son correctos y hacen su trabajo.
 Tengo la ropa y las lecturas necesarias.



La única tortura psicológica es la imposibilidad de encontrar
 el silencio y la soledad indispensables para trabajar,
 leer, escribir, estudiar y orar, al tratarse de un módulo fuera
de lo común y pequeño, que carece de biblioteca
y no ofrece apenas actividades intelectuales.



La vida en la celda (casi 16 horas) está supeditada al interno
 que te acompañe,cuyos intereses aquí no suelen ir más allá
de fumar y tener su tele encendida a todas horas para evitar
 la paz que da el silencio.



Pero hay que tomarse estas incomodidades para el espíritu
 como parte de nuestro pequeño sacrificio.
Poco a poco voy dominando la difícil técnica de abstraerme
de lo que me rodea (ruido, anuncios, movimiento,
conversaciones) y concentrarme en la lectura
 de algún libro interesante. Más difícil resulta escribir en esta situación.



Pero basta de quejas. Somos objeto de persecución y prisión
 por un supuesto delito de opinión. Eso es lo decisivo.
 ¡Y a eso nos oponemos!



Es sabido que los medios de comunicación, periódicos,
 radios o cadenas de televisión, suelen ser las terminales
de un partido político determinado y, en todo caso, responden
 a tendencias ideológicas o políticas concretas.
 Y los partidos se han convertido, a su vez, en terminales
de las entidades financieras que son, en última instancia,
quienes posibilitan su existencia.



Ahora bien, me dirán, gracias a Montesquieu la separación
de poderes impide que los jueces o fiscales se conviertan
a su vez en terminales de grupos de presión de ningún tipo.



Sin embargo, la realidad nos muestra que existe un proceso
 de fusión práctica de los tres poderes. Baste recordar
los tejemanejes de los partidos para asegurarse la tendencia
dominante en el Tribunal Constitucional o los casos en su día
mediáticos de Ruiz Mateos, el juez Gómez de Liaño
 o Mario Conde, donde la “Justicia” se doblegó ante la política,
 y ésta a su vez ante el poder económico.



Nuestro caso vuelve a poner en evidencia esta conclusión,
 por cuanto entidades ideológicas tremendamente politizadas,
cuales pueden ser el “Movimiento Contra la Intolerancia”,
del muy intolerante Esteban Ibarra (que además de recibir
subvenciones millonarias del Gobierno en plena crisis económica,
 no tuvo un pasado tan “pacifista”como quiere hacer creer),
 presionan a la Fiscalía de Madrid para que se cree una fiscalía
especializada (consiguiéndolo finalmente) en lo que los manipuladores
 del lenguaje han dado en llamar “delitos de odio”.
 El objeto real de su trabajo es perseguir a una parte de la población
en base a sus tendencias políticas.



En Barcelona, como ya hemos expuesto anteriormente,
 los vividores de SOS-Racismo tienen sus amigos jueces y fiscales,
 absolutamente politizados como el retirado J. María Mena,
que puso a sus amiguetes ideológicos en los puestos clave
 para controlar a los supuestos heterodoxos,
amparándose una vez más en unos “delitos de odio",
normalmente inventados.



Repitámoslo: las ONG ideológicas, los periódicos y los partidos
 son terminales de las finanzas, y no al revés.



Estos fiscales-políticos presionan a juezas noveles*
 o feministas de la siguiente guisa:
 “Si ya lo sé, no es lo suyo, pero es por una razón de Estado,
se trata de darles un escarmiento, una medida ejemplarizante,
dejemos que prueben la prisión.” En realidad no lo hacen
por razón de Estado,ni siquiera porque la sociedad lo reclame
(¿cuántos hay que apoyen el secuestro de libros
y el encarcelamiento de editores?),
 lo hacen por razón de Gobierno, pero más exactamente
 por razón ideológica y la correspondiente animadversión personal.
Esto es así y no de otra manera.



¿Con qué problema nos encontramos? En realidad con dos.
Uno es que ante la presión de una minoría se crean dos fiscalías
especiales al efecto,en Barcelona y Madrid, que son auténticos
cargos represores,contrarios al concepto humanista de libertad
y que, conculcando nuestros derechos fundamentales,
son utilizadas de plataforma para criminalizar a quienes les venga
en gana, colocándoles la simple etiqueta mágica de “delito de odio”.



El otro problema es que esas mismas minorías introdujeron
 por la puerta de atrás“leyes del bozal” tremendamente elásticas
y en las que puede entrar cualquiera,con el único objeto de legalizar
 la persecución de ciertos libros, ideas o simples simpatías
con épocas históricas, facilitando a las mencionadas
“fiscalías del odio”, creadas ad usum, los medios jurídico
s para crear la figura legal del “enemigo” ideológico del Sistema,
permitiendo su persecución y represión.



Hecho esto, más de un juez cae en la tentación de firmar
 una orden de entrada y registro, confiscación y detención
en base al “discurso de odio”que les presenten estos profesionales
 de la criminalización del ciudadano que no pueden doblegar
 (para mayor desdoro de su carrera personal y por ende de la profesión).
 Habrá pues que orar para que un más alto sentido de la justicia ilumine
 a los magistrados y fiscales, no dejándose arrastrar
 por una justicia evidentemente política.
 Porque de seguir por ese camino, los auténticos
fomentadores del odio corren el riesgo de derrotarse a sí mismos,
al ponerse en evidencia ante la población.



Un buen número de los problemas que perturban la vida
de los Estados y de la llamada democracia
 son de la categoría de los delitos
 que el derecho penal considera artificiales; es decir,
 aquéllos que dependiendo del gobernante y de la situación mediática
 hoy son delito y mañana no lo son.



Unos delitos llevan la gravedad en sí mismos (como el asesinato),
otros dependen de la voluntad de quienes quieren que existan
 (nuestro delito de edición de libros).



Pero un funcionario cobra su sueldo y los ciudadanos
se lo pagan.
 De ahí que un día pueden dejar de pagárselo.
Para justificar su lugar ante el abrevadero, su sueldo a fin de mes
y la razón de su existencia,han de inventar el delito
 y han de inventar el delincuente.



Pero, ¿cuánto tiempo piensan que podrán tomar el pelo
a quienes se supone que son objeto de su protección?



La población, en realidad, tiene otros intereses
 y otras preocupaciones; pero esta minoría ofuscada
pretende hacernos creer que es necesario
 confiscar libros y condenar a los editores.



Muchos problemas tienen su origen en las deficiencias
de quienes gobiernan y la cabezonería por permanecer
en sus propios errores, manteniendo los delitos artificiales
 por excelencia.



Lo absurdo de nuestra situación pone en evidencia
 la artificialidad de una serie de afirmaciones
 legislativo-judiciales que no son más que humo
 para cubrir un abuso continuado de poder.



Por eso, quienes hoy nos persiguen están derrotados de antemano.



La resignación es virtud para casos perdidos. Quien resiste, vence.







*La juez que nos condenó, doña Estela Pérez Franco,
lleva diez años opositando,sin éxito, a una plaza
de secretaria judicial o jueza indistintamente;
 no será pues una lumbrera. Pero sobre todo hay que resaltar
el hecho conocido de que una juez sustituta
(lo son normalmente por un año y nombrados
 de forma bastante arbitraria) no garantiza la neutralidad
e independencia judicial efectiva,
 como ha señalado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

El coladero del “cuarto turno” es a su vez el origen
de buena parte de la corrupción e ideologización del sistema judicial,
como ya demostró en su día Santiago Vidal al condenarnos
 a cinco años de prisión en 1998 por la venta de nuestros libros.